Así lo afirmó la jueza Zunilda Niremperger, tras recibir a un grupo de empleados de la cadena de gimnasios.
La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, recibió este martes a un grupo de trabajadores de la cadena de gimnasios Exen, que expusieron su preocupación e inquietud por su fuente de trabajo y proponen administrar los locales bajo veeduría judicial, en el marco de la causa por presunto lavado de activos.
Tras el cierre de las sucursales y el secuestro de equipamiento del reconocido gimnasio Exen, decenas de empleados quedaron en un limbo laboral.
Luego del encuentro, Niremperger brindó precisiones sobre el avance de la causa y la situación de las instalaciones.
“Atendí a los trabajadores porque son parte de los daños colaterales que producen las investigaciones en delitos en general, pero especialmente en estos de lavados de activos”, señaló la magistrada y reconoció que “normalmente se trabaja tranquilamente en determinadas actividades hasta que un día surge la sospecha de que existe la comisión de un delito”.
“Estamos en el inicio de una causa judicial, no de una investigación, porque la fiscalía la viene llevando adelante con este juzgado hace bastante tiempo”, aclaró Nirempeger.
Sobre la inquietud central de las familias afectadas, la jueza remarcó que se trata de un reclamo genuino ante el temor a la pérdida del sustento diario: “La idea era escucharlos porque son terceros en principio de buena fe que tienen una preocupación muy legítima, que es la pérdida de su fuente laboral”, sostuvo
Asimismo, indicó que durante la reunión, los trabajadores plantearon una alternativa para mantener operativa la firma comercial. “Ellos plantearon la posibilidad de poder continuar con la empresa para que entre 70 y 80 trabajadores puedan continuar teniendo su fuente laboral y seguir adelante administrándola ellos mismos con la auditoría o veeduría del juzgado”, detalló Niremperger.
Pese a la buena predisposición al diálogo, la jueza remarcó que cualquier medida requiere un análisis exhaustivo de cada caso individual y la presentación formal del pedido. “Todo lo que ellos pretenden lo tienen que plantear por escrito”, indicó la magistrada, puntualizando que se trata de “por lo menos cinco lugares donde realmente se explotaba el comercio del gimnasio”.
“No todos fueron inaugurados en el mismo tiempo, por lo tanto suponemos que todas estas personas no fueron contratadas en el mismo tiempo. No sabemos si hay contrato o no, qué situación tenían, si eran prestadores de servicio o empleados de planta. La situación no es la misma de todos porque tiene que ver también con la consolidación de su estado laboral”, advirtió Niremperger.
Finalmente, la magistrada enfatizó el equilibrio que debe mantener la Justicia entre el avance de la causa penal y las garantías de los afectados ajenos al delito. “Este tribunal no desconoce las necesidades que existen y la situación de ellos, que luego va a ser analizado por mí con la intervención de la fiscalía como corresponde”, aseveró.
“Un juez, más allá de que se están llevando adelante medidas para sostener una investigación que la fiscalía hace, no puede desconocer también el derecho de terceros que serían de buena fe”, concluyó la magistrada, confirmando que “todos los bienes que estaban dentro de estos edificios están en proceso de secuestro”.
