La naviera Easter Island prevé iniciar en diciembre una ruta comercial regular hacia Puerto Argentino. En Chile temen una reacción argentina, mientras Buenos Aires descarta un conflicto y presiona al Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion.
La reapertura de una ruta comercial marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas abrió un nuevo foco de fricción entre Argentina y Chile, pese a los gestos de acercamiento entre Javier Milei y José Antonio Kast. El servicio estará a cargo del Danstar, un buque de carga general con bandera chilena operado por Easter Island Naviera, que unirá el sur de Chile con Puerto Argentino en unos dos días y medio de navegación.
Según la información más reciente de la empresa, el viaje inaugural se haría a principios de diciembre. En un primer momento se había anunciado para noviembre. La naviera aseguró que el buque navegará por el Estrecho de Magallanes y no por el Pasaje de Drake, en estricto cumplimiento del derecho internacional.
El proyecto se conoció el 3 de septiembre, el mismo día en que Milei se reunió con Kast en el Palacio de La Moneda y obtuvo el respaldo chileno al reclamo de soberanía sobre Malvinas. El anuncio lo hizo el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, tras el cierre del contrato entre la naviera y la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland.
El temor a una interceptación
En Chile, fuentes de inteligencia citadas por la prensa trasandina calificaron como un posible “evento crítico” una eventual interceptación del Danstar por fuerzas argentinas, una vez que el buque deje el Estrecho de Magallanes. Hasta el momento, no hay ningún anuncio oficial de Buenos Aires en ese sentido.
La norma que podría dar sustento a una acción argentina es el Decreto 256/2010, firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner. Exige autorización previa a todo buque que pretenda navegar entre puertos continentales argentinos y las islas, o cruzar aguas jurisdiccionales argentinas con ese destino, y sigue vigente. El canciller Pablo Quirno aludió a ella de forma implícita al hablar de “tratados vigentes”. También afirmó que el país “monitorea la situación”, después de la ronda de negocios que empresarios de las islas mantuvieron en Punta Arenas a fines de septiembre.
Detrás de la cautela oficial aparece el proyecto Sea Lion. En el Gobierno preocupa que la nueva ruta funcione como apoyo logístico para Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, las empresas que avanzan con la extracción de petróleo en la cuenca norte de Malvinas.
El escenario jurídico, sin embargo, no favorece una medida de fuerza. El Tratado de Paz y Amistad de 1984 obliga a la Argentina a garantizar “en cualquier tiempo y circunstancias” la libre navegación de buques de todas las banderas hacia y desde el Estrecho de Magallanes. Sobre ese paso, el Tratado de Límites de 1881 reconoció la soberanía plena de Chile.
Especialistas en derecho marítimo coinciden en que una interceptación carecería de sustento legal. Ninguno de los regímenes que reconoce el derecho del mar habilita a un Estado ribereño a detener a un mercante que solo navega: la libre navegación en alta mar y en la zona económica exclusiva, el paso inocente en el mar territorial y el paso en tránsito por estrechos internacionales. La única herramienta disponible sería el derecho de visita, una inspección a bordo que exige sospechas fundadas, como tráfico de personas o de estupefacientes.
Para esos especialistas, la postura argentina apunta a lo diplomático y no a frenar la navegación. Además, señalan un límite práctico: los habitantes de las islas dependen de conexiones externas para cubrir necesidades básicas, incluida la atención médica de alta complejidad.
Las respuestas desde Chile
En el Gobierno nacional descartan un conflicto. “No hay nada; ellos están obsesionados”, señalaron fuentes oficiales sobre la preocupación trasandina.
El ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, también buscó bajar el tono. “Todo barco que sale del Estrecho de Magallanes, su navegación no puede ser restringida ni condicionada por nadie”, afirmó. Reconoció que los convenios internacionales permiten inspeccionar un buque cuando hay indicios de que transporta elementos o personas prohibidas, pero aclaró que eso se rige por el derecho y no por consideraciones políticas. Consultado sobre una eventual escolta chilena al Danstar, respondió que “no hay ningún antecedente que lo justifique”.
Otros dirigentes chilenos fueron más duros. El diputado republicano Alejandro Riquelme, representante de Magallanes, sostuvo que existe “un intento sistemático” del gobierno de Milei de impedir el comercio entre Chile y las islas. Su par Álvaro Carter, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, dijo que Chile “no puede permitirse entrar en un bloqueo económico” con el Reino Unido, al que definió como un aliado de 50 años.
El senador Juan Luis Castro escribió en X que “la situación con Argentina no ha cambiado un milímetro”. Agregó que la soberanía chilena en el extremo sur exige “firmeza, no gestos de buena crianza”.
El antecedente más cercano es de abril de 2024. Ese mes, el guardacostas Prefecto Derbes de la Prefectura Naval Argentina detectó al remolcador chileno Beagle, de la empresa Ultratug, que navegaba sin autorización desde Malvinas. Según la fuerza, el remolcador asistía a un pesquero taiwanés a unas 245 millas de Comodoro Rivadavia, y los capitanes de ambos buques fueron notificados de una infracción. El episodio generó malestar en el Congreso chileno, pero no escaló.
La carta de legisladores argentinos
En paralelo, más de una docena de senadores y diputados opositores enviaron el 29 de septiembre una carta a los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Les piden que impidan el uso de sus puertos, aeropuertos e infraestructura para abastecer a las empresas que exploran o explotan recursos en Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. El contenido trascendió este viernes.
Entre los firmantes figuran el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich, Juliana Di Tullio, Sergio Uñac, Agustín Rossi, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta y Eduardo “Wado” de Pedro. El texto invoca la Resolución 2065 de la ONU, que reconoce la disputa de soberanía, y la 31/49, que insta a las partes a no introducir cambios unilaterales. Sostiene que ningún país latinoamericano debería convertirse, “aún involuntariamente”, en plataforma logística de actividades que consoliden una situación colonial.
El decreto pendiente y los cruces recientes
La discusión tiene un trasfondo más antiguo. En 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández, el Decreto 457/2021 aprobó una Directiva de Política de Defensa Nacional que incluía al Estrecho de Magallanes y al Mar de Hoces (Pasaje de Drake) entre los espacios de “exploración, estudio y control conjunto”. La formulación chocaba con los tratados de 1881 y 1984 y motivó una protesta formal de Santiago.
Milei se comprometió a corregirlo, y el tema estuvo sobre la mesa en la cumbre con Kast. Como contrapartida del apoyo chileno por Malvinas, ambos firmaron una declaración que reafirmó la soberanía de Chile sobre la totalidad del Estrecho. Días después, la senadora Patricia Bullrich mencionó “el control del Estrecho de Magallanes” entre los objetivos estratégicos del país, y en Santiago lo leyeron como una nueva provocación.
Antes, a fines de agosto, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, brigadier general Gustavo Valverde, había dicho en un podcast que “Magallanes, el sur, el Drake” eran soberanía argentina. Chile envió una nota de protesta. El ministro de Defensa, Carlos Presti, llamó a su par chileno y calificó los dichos como “confusión y desprolijidad”.
El lunes pasado, Quirno habló en la cena por el 48° aniversario del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Estaban presentes el embajador británico, David Cairns, y el chileno, Gonzalo Uriarte Herrera. El canciller afirmó que la “conducta de cada país frente a esta causa definirá la profundidad del vínculo bilateral”. Y agregó: “Quien contribuya, directa o indirectamente, a la exploración o explotación ilegítima de los recursos que pertenecen a todos los argentinos, difícilmente podrá aspirar a compartir los beneficios del crecimiento de nuestro país”. Según trascendió, ambos diplomáticos se retiraron después del discurso.
El próximo lunes vence el plazo que el Gobierno le fijó al Reino Unido para frenar las actividades de explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Si no hay respuesta, la Argentina avanzará con el arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Con otro tono, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, destacó el miércoles ante el Rotary Club de Buenos Aires las “excelentes relaciones” con Chile, sobre todo en el sur. Allí las armadas de ambos países coordinan el seguimiento de la flota pesquera extranjera y realizan la Patrulla Antártica Naval Combinada. También remarcó que la Argentina “nunca” abandona la idea de que tiene una parte de su territorio ocupada y en disputa de soberanía: las Islas Malvinas.
